Las familias que viven de la agricultura serán el eslabón más afectado de producirse los cambios propuestos en el Congreso bajo una eminente legislación. La mesa de todos y cada uno de los argentinos también se verá degradada en calidad y costos alimenticios. Juan Burba, referente de la Unión de Trabajadorxs sin Tierra MNCI Vía Campesina explicó a VCF este extenso conflicto y la necesidad de tomar conciencia al respecto.

-¿Cuál es la actualidad del problema de las semillas y la propiedad en el país?

Un concepto clave para entender el problema es el origen de la agricultura. Entender desde cuándo existen las semillas se hace vital en este análisis. La agricultura tiene entre 10 y 12 mil años en el planeta, cuando el ser humano dejó de ser nómade y pasó a ser sedentario. Fueron las mujeres las que empezaron con la agricultura y desde ese momento a elegir las mejores plantas, los mejores frutos, las que más les gustaban, las más grandes y nutritivas, las más coloridas, las más sabrosas para empezar a cultivar. Ese concepto para nosotros es clave porque decimos: pasaron diez mil años de historia de las plantas que comemos, son una creación humana.

Hace 50 años en Argentina las multinacionales y las corporaciones empezaron a apropiarse de este trabajo milenario a través del Ley Nacional de Semillas que rige desde 1973, en la etapa previa a la presidencia de (Héctor) Cámpora, es decir, una legislación propia de gobierno de facto. Esa es la ley vigente que regula la privatización de la semilla, que le llama obtentor a quién dice que hay alguien que obtiene una semilla desconociendo estos 10 mil años de historia.  

A ver, la semilla se obtiene del trabajo de las comunidades campesinas e indígenas a lo largo de los miles de años. A partir de esta ley alguien puede decir que descubrió una cosa nueva, que tiene la oportunidad de registrarla y apropiarla entonces Fulano Mengano dice este tomate se llama “Mengano” y es registrado por mí, yo lo descubrí. Ese es el espíritu que mantiene la ley actual pero que hoy pretende profundizar y agravar lo que llamamos la Ley Monsanto / Bayer.

-Entonces esto viene de larga data, no es nuevo …

A nivel mundial existe la UPOV (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales), que es una organización internacional que nuclea y defiende a todas las corporaciones y obtentores de semillas. Existen dos protocolos de UPOV. El primero data de 1978, posterior a la Ley 20.247 del 73, al que Argentina adhiere. Y otro que es el de 1991 y es el más áspero de todos. Este ya está rigiendo en otros países del mundo y permite, entre otras cosas, que las corporaciones puedan hacerte un juicio si vos multiplicás sus semillas. Justamente ahora hay debate porque Monsanto quiere que se le pague el derecho de semillas hasta el final de la producción.

Entonces hoy la pelea también se ha dado entre las corporaciones y los pooles de siembra, es una disputa entre los poderosos también. El IPOV 91 además no permite el uso propio, de establecerse no podrías sacar semillas para vos mismo siendo agricultor ni generar el intercambio.

-¿Qué proyectos yacen en el Congreso para modificarla la ley y a qué apuntan?

Actualmente hay presentados en el Congreso cinco proyectos de ley venidos de diversas fuerzas políticas en connivencia con las corporaciones, por el momento el que creó el Ejecutivo hace un par de años atrás no tiene estado parlamentario, y ese es una mezcla de Frankenstein y Drácula juntos. Los primeros cuatro proyectos vienen del radicalismo, la Coalición Cívico y el Frente Renovador entre otros. Son todos muy parecidos porque se adaptan a UPOV 91y representan la profundidad del proyecto privatizador. La quinta iniciativa fue presentada por la Federación Agraria que mejora un poco la legislaciónactual, se distancia algo más del IPOV 91 y  respeta el UPOV 78. Claro que tiene lógica privatizadora pero permite el uso propio de las semillas y respeta el intercambio, no es tan extremo en sus endurecimientos ni tan concentrador como los otros cuatro.

Las organizaciones campesinas e indígeneas hemos terminado de delinear un proyecto con pronto ingreso en el Congreso. Está trabajado junto a las organizaciones que desarrollan la agricultura sustentable, donde la UST - MNCI ha hecho aportes bajo la lógica de que la semilla no se puede privatizar porque es patrimonio de la humanidad. ¿Qué descubrió el científico del INTI o el de Monsanto si es algo que ya venía siendo mejorando desde hace 10 mil años por las comunidades campesinas e indígenas y que sin embargo hoy algunas empresas lo registran como propio? Contra eso nos oponemos.

-¿Si las multinacionales ya registran semillas, estos proyectos podrían hacerles más accesible el tema de las patentes?

Lo de las patentes no está fijo aun porque la ley argentina no permite patentar la vida, pero la intención de las corporaciones es que esté. Si se patentan las semillas sería el máximo del ridículo.

¿Por qué se habla de que los primeros cuatro proyectos tienden a la criminalización de la agricultura?

Porque el POV 91 lo deja claro. El proyecto es criminalizar las semillas criollas e impedir que circulen libremente y que se compartan como se ha hecho hasta ahora. También criminaliza a los campesinos, productores familiares que las guardan y que hasta pueden recibir penas de prisión por infringir la ley. Y también permite la privatización de los saberes tradicionales a través de la posibilidad de que una corporación registre como propia una semilla campesina, una semilla indígena, que viene utilizándose en las comunidades desde hace miles de años. Hasta preparan una “Policía de las corporaciones” que ingresaría sin orden a los territorios a controlar cultivos y cosechas.

-Además del proyecto de ley alternativo que crearon desde las organizaciones ¿Qué otras estrategias se están dando adentro del movimiento para combatir la posibilidad extrema de la privatización y concentración?

Hay una cuestión territorial que tiene que ver con la resistencia y la multiplicación de las semillas criollas, no perder esa genética. Multiplicar, intercambiar mejorar y seguir seleccionando las variedades tradicionales e históricas de polinización abierta bajo la lógica de la semilla libre. Esa es la estrategia más subterránea pero la más efectiva desde lo territorial, nos concentramos en no perder lo que tenemos.

Después claramente realizamos acciones como el “Semillazo” que se hizo en Buenos Aires la semana pasada y tuvo correlato en Mendoza. También s está intentando que la Comisión de Agricultura de Diputados sesione en las provincias. En Mendoza particularmente ya se han juntado más de 500 firmas con ese fin y se hará una campaña a través de las redes sociales, para que los diputados de la Nación vengan a escuchar a la sociedad civil. Y por supuesto toda la difusión posible ante la inminencia de que se sancione alguno de estos proyectos concentradores o que el Ejecutivo reavive su propia ley.

-De aprobarse cualquiera de estos proyectos que representan a las corporaciones ¿Cómo nos influye a los argentinos en un acto tan básico como es el de nuestra alimentación?

Es una preocupación que pareciera un problema de los agricultores y agricultoras, pero en realidad es un problema de todos. Las semillas son la base de la alimentación, se puede producir alimentos con poca tierra, alimentos sin agrotóxicos, de hecho, nosotros estamos en contra de su uso. Lo que no se puede producir es alimentos sin semillas, la semilla es clave.

Si hoy las corporaciones llaman a este ordenamiento en el mundo y aprobamos leyes como éstas, lo que va a haber es todavía una concentración mayor del manejo del sistema alimentario por parte de las corporaciones. Por lo tanto, si hoy ya como población tenemos condicionado qué comemos, si las familias campesinas y de la agricultura familiar dejan de manejar las semillas, inclusive estando criminalizados, porque estas leyes buscan criminalizar la agricultura familiar, vamos a tener problemas como sociedad. Las semillas quedarán manchadas por las corporaciones y esto va a impactar directamente en la mesa de los argentinos y las argentinas.

-¿En qué afectaría a las familias campesinas que subsisten del trabajo de la tierra?

En la disponibilidad y posibilidad de que los agricultores produzcan su propia semilla, en la economía de las familias campesinas que deberán comprar las semillas a las corporaciones a costo altísimo como insumo necesario para producir, algo que ya ocurre. Este proceso ya se inició cuando muchos compraron la idea de que las semillas deben pasar por el paquete tecnológico de las corporaciones. Te hablo de décadas atrás con la llamada “Revolución Verde”. Pero se profundizaría en este proceso que además trae de la mano la criminalización porque si todas las semillas pasaran a estar patentadas o a tener su propio dueño dejan de ser de la humanidad, y si las usas sin sus permisos hasta podés quedar preso.